Las Cajas obtienen reconocimiento jurídico. Surgen por iniciativa de gremios empresariales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su grupo familiar y administrar el otorgamiento de prestaciones de seguridad social.
1959
Se amplía el marco de acción de las Cajas. La ley 13.305 les permite dar beneficios sociales adicionales al de la asignación familiar a los trabajadores afiliados, con cargo a sus economías en los gastos de administración.
1974
Las Cajas son autorizadas a otorgar préstamos en dinero a sus afiliados con cargo a sus fondos de beneficios sociales. Los créditos sociales se convierten así en una fuente de financiamiento alternativo de fácil acceso.
1976
Se extiende la cobertura del sistema. Las Cajas son autorizadas a incorporar como beneficiarios a todos los trabajadores de las empresas adherentes. Hasta ese momento, los afiliados a las Cajas eran sólo los obreros.
1977
Las Cajas asumen la facultad de administrar otros regímenes previsionales, como subsidios por incapacidad laboral y subsidios de cesantía.
1989
La ley 18.833 establece el Estatuto General para las Cajas que rige hasta hoy y que reitera y enfatiza el carácter privado de las Cajas. Este deja constancia expresa de que las Cajas son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro; amplía su estructura de beneficios y servicios, simplifica los procesos de afiliación y desafiliación de las empresas, acentúa la competencia y flexibiliza los requisitos para conformar y elegir los directorios.
1991
Nace la Asociación de Cajas de Compensación.
1993
Las Cajas son facultadas para administrar cuentas de ahorro para el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, conocido como Leasing Habitacional, tanto para sus afiliados como para terceros en general.
Las cuentas pueden ser de ahorro, voluntario o metódico, en este último caso, la persona puede suscribir de inmediato un contrato de arrendamiento con opción de compra.
1998
Los pensionados son autorizados a ingresar al Sistema de Cajas, con excepción de los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión Social Carabineros de Chile.
Para financiar la nueva prestación, las Cajas establecen un aporte con cargo a cada pensionado cuyo monto podrá ser fijo o un porcentaje de la pensión o la combinación de ambos. El aporte que el pensionado hace a las Cajas no puede exceder el 2% de su pensión.
2007
La Presidenta Michelle Bachelet promulga la ley 20.233 que permite la afiliación de los empleados públicos a las Cajas a partir del 1 de enero de 2008.
2008
(1 de enero) Entra en vigor la ley que permite a las Cajas afiliar a los más de 250 mil empleados públicos del país.
(25 de marzo) Se publica en el Diario Oficial la modificación del reglamento del régimen de prestaciones de crédito social de las Cajas, contenido en el decreto 91 de 1978. Establece que a partir del 1 de julio de 2008 las Cajas pueden entregar créditos hipotecarios a 30 años y extiende de 5 a 7 años el plazo de restitución de los créditos sociales.
(1 de julio) Las Cajas de Compensación inician la oferta de créditos hipotecarios a sus más de 4,6 millones de afiliados.
2009
(28 de abril) Se promulga la ley que permite a las Cajas emitir mutuos hipotecarios endosables, transferir esos mutuos a inversionistas institucionales y así obtener financiamiento para entregar nuevos créditos.
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